RECURRIR TENDRÁ UN PRECIO

Anteayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado una Ley que reforma la legislación procesal.

 Quiero destacar de esa Ley que, a partir de hoy mismo, para poder recurrir cualquier sentencia en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo, los ciudadanos precisaremos constituir un depósito. Por el contrario, el Ministerio Fiscal, el Estado, la Comunidad Autónoma, los Ayuntamientos y Cabildos quedarán exentos de constituirlo. Cierto es que hablamos de una cantidad medianamente asequible, pues ronda entre los 25 € y los 50 €, por ahora, pues será actualizada y revisada anualmente; pero es otra carga más que tendremos que soportar, y no hará falta citar cómo está la justicia en España.

 Significativo resulta observar cómo en el orden penal este depósito será exigible únicamente a la acusación popular, por lo que parece tener también una cierta función disuasoria al ejercicio de la acción.

 El acceso a la justicia y a la obtención de la tutela judicial es un derecho fundamental, y esta Ley lo que viene es a crear una tasa que encarece más el ejercicio de ese derecho. Es más, si no se consigna el dinero en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre del Juzgado, no se admitirá a trámite el recurso, quedando firme la resolución impugnada. Y será obligación del ciudadano probar que el depósito se ha efectuado.

 Si el recurrente gana el recurso, le será devuelta la totalidad del depósito; no obstante, si el Juzgado lo inadmite o confirma la resolución recurrida, el depósito irá destinado a las necesidades derivadas de la actividad del Ministerio de Justicia, específicamente a sufragar los gastos correspondientes al derecho a la asistencia jurídica gratuita, y a la modernización e informatización integral de la Administración de Justicia. En el reparto corresponderá el 40 % a la Comunidad Autónoma de Canarias, el 20 % será para crear de un programa o plataforma informática para conectar todos los Juzgados y Tribunales de toda España, y el resto será para la Administración del Estado.

 Mientras los ciudadanos que acudimos a los Tribunales instando la tutela judicial obtengamos un beneficio directo de esta decisión, y el dinero que tanto nos cuesta ganar se invierta correctamente en mejorar la Administración de justicia, repercutiendo directamente en la calidad de la justicia, mejorando la función jurisdiccional, bien venido sea; pero las dudas que me surgen de que esto suceda así son grandes, pues la gestión de los dineros que provienen de nuestros impuestos suelen dilapidarse en cuestiones superfluas, en contrataciones de personal de confianza que no da palo al agua, en gastos de representación nunca necesarios, etc.

 La finalidad de esta decisión parece ser digna de alabanza, aún cuando se convertirá con toda seguridad en un perverso sistema para que los ciudadanos desistan de acudir a los Tribunales en busca de la tutela judicial, por lo que será del todo necesario que todos fiscalicemos el sistema que nos imponen, y que exijamos que la Administración de justicia funcione correctamente.